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La administración pública tiene su lógica y
sus reglas, fundamentadas en el derecho administrativo. Y aunque no siempre se
cumplan sus reglas, contiene reglas para reclamar su cumplimiento o reparar su
incumplimiento. Esta lógica es una lógica jerárquica que favorece la
prevalencia de las decisiones generales y de los órganos mayores, sobre las
decisiones particulares y de los órganos menores.
Cuando esta lógica se aplica a las
decisiones políticas, estas tienden a ser autoritarias y de arriba abajo.
Cuando, pues, una ley o un plan se genera y aprueba, a partir de propuestas
elaboradas en un nivel general –ministerio, consejería - , puede haber alcaldes
que consideren que su municipio no encaja bien en los supuestos generales
aprobados y que los intereses propios del mismo han sido ninguneados. Cuando se
da esta situación, se entiende que el alcalde/secretario general no pueda
empoderar a sus militantes ni a sus votantes que podrían tener mucho y sensato
que decir sobre el tema, tanto más si se quiere entrenarles como un eslabón de
una política de abajo arriba. Lo cierto, es que nuestro sector público, funciona
con una lógica de suborodinación burocrática y de arriba abajo, heredada del
régimen anterior. Claro que un alcalde puede lograr, fruto de su acción, que
las peculiaridades de su municipio no salgan perjudicadas por la normativa
general; pero esto ya pasaba antes.
La aplicación exclusiva o predominante de
la lógica administrativa en las cuestiones políticas está acarreando serios
errores en las decisiones que tienen que ver con ellas. Es frecuente, que no se
obtenga lo que se pretendía con las decisiones, o que la acción que se ha
pretendido llevar adelante cuente con la indiferencia o desaprobación de
suficiente número de ciudadanos como para contribuir más a la disminución y
hasta pérdida de su mayoría, que a lo contrario.
Los gobiernos están acostumbrados a decidir
y actuar como si no existieran incertidumbres y/o conflictos o a zanjarlos
unilateralmente o a esperar resolverlos con criterios técnicos.
Y sin embargo, en la política es normal que
se presenten situaciones problemáticas cuando se pretende establecer objetivos
políticos, teniendo en cuenta las posiciones de grupos con intereses distintos,
cuando la evaluación de los servicios que se prestan muestra problemas no
resueltos a pesar de los pretendido o cuando tienen lugar protestas más o menos
públicas de los ciudadanos. En otras ocasiones, son la consecuencia de que el
gobierno se sienta obligado a incluir en su agenda política, cuestiones poco
delimitados que contienen un grado mayor o menor de incertidumbres/conflictos
acerca de la naturaleza de los problemas a resolver, las metas a establecer y
los medios técnicos y organizativos para resolver los problemas. El sentimiento
de obligación puede venir motivado por promesas incorporadas al programa
electoral, propuestas sobre estados futuros de la ciudad definidos con poca
precisión en foros y seminarios ciudadanos, apreciación de
amenazas/oportunidades en la elaboración de un plan estratégico, intentos de
evitar pérdidas electorales en un segmento de voto móvil.
Las incertidumbres y los conflictos pueden
encontrarse, pues, tanto en las metas a alcanzar como en los medios técnicos y
organizativos para alcanzarlos. Pueden referirse a cuestiones operativas (“¿Se
alcanzará esta meta con este medio?¿Cuál sería el medio más adecuado?, como
referirse a preferencias y criterios de actuación de los actores relevantes en cada situación
(segmentos de electores, organizaciones interesadas, cargos electos, técnicos y
sindicatos de la administración)
La lógica administrativa no está preparada
para procesar las incertidumbres/conflictos
que son tarea insustituíble de los cargos políticos. Para poder asumir
esta tarea y no evitarla con atajos técnicos y administrativos, los políticos necesitan dotarse de una lógica
política, acordar unos procesos políticos, apoyados en unos sistemas de
gobierno.
Bases metódicas de una lógica política para uso de
cargos públicos.[1]
Es tarea de cada gobierno, acordar cuál es
la lógica con que tratarán las situaciones problemáticas que han de abordar.
Como sugerencias para ello, recojo aquí tres orientaciones que a mi me han
servido combinados en varias situaciones.
· La dirección por
intereses, especifica del trabajo político como diferente de la dirección por
objetivos, propia del trabajo operativo. Prácticas de iterativamente, definir
el problema, identificación de los grupos de interés relevantes en el problema,
definición sucesiva del problema a través de la interacción de los grupos de
interés, conexión progresiva de los intereses de los grupos relevantes y logro
de un consenso entre los grupos de interés, contribuyen a resolver incertidumbres
y conflictos en las metas de proyectos públicos.
· Procesos políticos en un
mundo ambiguo. La elaboración politica , o proceso de elección estratégica es
un actividad colectiva que implica la búsqueda de soluciones que puedan ser
ampliamente toleradas/apoyadas, porque sojn ideales (satisfacen adecuadamente
las necesidades de las partes relevantes) y estables (tienen suficiente
consenso de modo que su puesta en práctica no es inmediatamente amenazada por vaivenes de poder). Una metodología
completa será objeto de una próxima entrada.
· Acción/Investigación. Es
una forma de aprender colectivamente sobre situaciones problemáticas y de
emprender acciones para mejorarlas
Procesos políticos y sistemas de gobierno
La elaboración y puesta en práctica de las
decisiones políticas, como aplicación práctica de una lógica política, puede
formar procesos políticos como conjunto de interacciones sociales que tienen
lugar en una comunidad para,
•
Llevar los problemas
públicos a la consideración del gobierno:
percepción y definición de los problemas, agregación (¿cuánta y qué gente piensa que un problema es importante?),
organización (¿cómo se organiza esa gente?), representación (¿cómo consigue llegar a los que toman las decisiones?), establecimiento
de la agenda política.
•
Actuar el gobierno sobre
los problemas: formulación (¿quién desarrolla, cómo y qué
propuesta de solución?), legitimación (¿quién
apoya la propuesta de solución y cómo se mantiene un apoyo mayoritario?),
presupuestación (¿cuánto dinero se provee? ¿se
considera suficiente?)
•
Poner en práctica
soluciones por parte del gobierno: implementación
(¿quién administra la puesta en práctica de soluciones y cómo
mantiene el apoyo?
•
Llevar a la consideración
del gobierno los programas ejecutados: evaluación
(¿quién juzga los resultados y por qué métodos?), ajuste /
terminación (¿qué ajustes se han hecho y en qué termina la cuestión?).
Estos
procesos políticos deberian soportarse por reglas y soportes de información, que
podemos llamar sistemas de gobierno.
En otras entradas,
hemos venido tratando algunos de ellos, como la agenda política, la determinación
analítica funcional de la base presupuestaria, el plan y presupuesto a medio plazo, los presupuestos y programas anuales.
En la próxima
entrada, trataremos con detenimiento una metodología especialmente práctica tanto
para tomar buenas decisiones políticas y asegurar su ejecución, como para empoderar
a cargos públicos, militantes y votantes, los grupos de proyecto estrategico.
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